Hartford-Alarmados por la reciente detención injusta de un inmigrante de New Haven, funcionarios estatales se unieron hoy a los líderes de la comunidad inmigrante de Connecticut y el movimiento obrero en una manifestación en los tribunales para celebrar su liberación exigir una política de inmigración más justa y humana en el estado. Los defensores pidieron específicamente a las agencias estatales a seguir el ejemplo del gobernador Dannel Malloy en la limitación del programa de deportación conocido como Comunidades Seguras.
Josemaría Islas, residente en New Haven, fue detenido injustamente y encarcelado durante cinco meses antes de ser puesto hoy en libertad bajo fianza, según sus abogados defensores Peter Billings y Sean Barrett. Un juez había ordenado previamente la puesta en libertad del Sr. Islas el mes pasado, después de que el fiscal redujera los cargos debido a las pruebas convincentes que demostraban su inocencia. Pero los alguaciles judiciales de Connecticut retuvieron al Sr. Islas en virtud de una "solicitud de retención del ICE" y lo entregaron a los agentes de inmigración, que lo llevaron a un centro de detención de Massachusetts. Hoy ha quedado finalmente en libertad bajo fianza.
Los defensores dicen que el caso del Sr. Islas deja claro que el programa federal Comunidades Seguras abre el camino a violaciones de los derechos civiles a pesar de los esfuerzos de la Administración Malloy y algunos funcionarios locales en Connecticut para limitar su efecto. 32BJ SEIU, junto con una coalición de derechos humanos y organizaciones religiosas, sindicatos y ciudadanos preocupados, están pidiendo a las agencias estatales a adoptar la política del gobernador en todo el estado.
"Estamos encantados de que el juez permita a mi hermano pagar la fianza y salir por fin de la cárcel", dijo Juana Islas, de New Haven. "Pero la política hacia los inmigrantes tiene que cambiar para que esto no vuelva a ocurrir. Han sido cinco meses de pesadilla para nuestra familia. Mi hermano nunca ha tenido problemas con la ley. Durante ocho años ha tenido un trabajo estable y nos ha mantenido económicamente a mí y a mis hijos. Mi hijo ve a Josemaría como a un segundo padre. Estoy impaciente por decirle que su tío volverá a casa".
Mike Lawlor, subsecretario de política de justicia penal del gobernador Malloy, dijo que Comunidades Seguras, creada para deportar a delincuentes peligrosos, se está utilizando para detener a delincuentes de muy bajo nivel y a personas no condenadas por ningún delito, incluido el Sr. Islas.
"Cuando el gobierno federal implementó Comunidades Seguras en abril, respondimos creando nuestra propia política de sentido común porque las retenciones de ICE no son obligatorias", dijo Lawlor. "Ordenamos al Departamento Correccional y a la Policía Estatal que no cumplieran con las solicitudes de retención de cualquier persona que no haya sido condenada por un delito grave o que no sea una amenaza para la seguridad pública. Instamos al Poder Judicial y a la policía local a que adopten la misma política".
"Elogiamos al Gobernador Malloy por tomar las medidas necesarias para hacer frente a Comunidades Seguras", dijo Kurt Westby, Director de 32BJ SEIU en Connecticut, uno de los mayores sindicatos que representan a los trabajadores inmigrantes en el país. "Esperamos poder seguir trabajando juntos para que todas las agencias de Connecticut adopten políticas similares".
"Me opongo firmemente al programa de ICE conocido como Comunidades Seguras", dijo el alcalde de New Haven, John DeStefano. "El caso de Josemaría es, por desgracia, uno de tantos en los que personas con escasos o nulos antecedentes penales son objeto de deportación". Su familia está aquí, su trabajo está aquí, su vida está aquí", dijo Ana María Rivera, Analista Legal y Política de Junta for Progressive Action".
"El Sr. Islas es residente de Connecticut. Su familia está aquí, su trabajo está aquí, su vida está aquí", dijo Ana María Rivera, Analista Legal y Política de Junta for Progressive Action. "Aunque estamos muy satisfechos con la decisión del juez de hoy, la lucha por la justicia para Josemaría está lejos de haber terminado. Y sigue siendo un fuerte ejemplo de por qué el programa de Comunidades Seguras es una mala política y debe ser eliminado. Las familias están siendo separadas y las comunidades han perdido la confianza en las fuerzas del orden. Las consecuencias de este programa son devastadoras para muchas personas".
Con 125.000 afiliados en ocho estados y Washington, D.C., incluidos 4.500 en Connecticut, el 32BJ SEIU es el mayor sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios del país.