Annapolis, MD - El gobernador de Maryland, Martin O'Malley, ordenó hoy al Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales del Estado que ya no cumpla con las órdenes de detención de ICE en la instalación central de reservas operada por el estado en la ciudad de Baltimore, a menos que el individuo haya cometido un delito grave o represente una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional. Jaime Contreras, Presidente del Consejo Estatal de SEIU Maryland/DC en nombre de casi 35.000 hombres y mujeres que viven y trabajan en el estado, elogió a O'Malley por ayudar a garantizar que los recursos de las fuerzas del orden estatales y locales no se malgasten en actividades de control de la inmigración que tienen como objetivo a los trabajadores y socavan la seguridad de la comunidad.

"El gobernador O'Malley está ayudando a garantizar que el dinero de nuestros contribuyentes se destina a la seguridad pública, no a separar a las familias que son una fuerza impulsora del crecimiento económico", dijo Jaime Contreras, Presidente del Consejo Estatal de SEIU Maryland / DC y Vicepresidente de la 32BJ, en . "Esto aumentará la cooperación con los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a garantizar que los delitos no queden sin denunciar y que las víctimas no queden desprotegidas".

Se supone que la participación de Maryland en el programa federal Comunidades Seguras está dirigida a personas con condenas penales graves, pero alrededor del 75% de los deportados no habían cometido delitos graves y muchos carecían por completo de antecedentes penales. En consecuencia, el gobernador O'Malley ha cuestionado al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional si Comunidades Seguras se centra realmente en la seguridad pública y ha exigido una respuesta a por qué se deporta a través del programa a personas que no suponen una amenaza para la seguridad pública.

Los trabajadores inmigrantes representaban aproximadamente el 18% de la mano de obra de Maryland en 2011 y son un motor del crecimiento económico. Por ejemplo, en 2007, los inmigrantes generaron el 10% de la actividad económica de Baltimore, y en 2012, solo los inmigrantes indocumentados contribuyeron con unos 275 millones de dólares a los impuestos estatales y locales.

Un número cada vez mayor de jurisdicciones, entre ellas Connecticut, California, Nueva York, Washington D.C. y Newark (Nueva Jersey), ya han promulgado políticas de retención y estas políticas estatales y locales son similares al proyecto de ley de Maryland. Reducen la participación de las fuerzas del orden locales en la aplicación de la ley de inmigración, con el objetivo de ahorrar recursos locales, mejorar la seguridad pública y mantener unidas a las familias.

Los miembros de la 32BJ proceden de 64 países diferentes, hablan 28 idiomas distintos y representan un microcosmos de inmigrantes, así como de familias con una larga historia en Estados Unidos.

El Consejo Estatal de SEIU Maryland y D.C. representa a casi 45.000 afiliados en las áreas de atención médica, servicios públicos, educación, servicios inmobiliarios y el sector sin fines de lucro que están unidos para ayudar a mejorar el lugar de trabajo y las vidas no sólo de los afiliados de SEIU, sino de las familias trabajadoras de toda la región. Con 2,1 millones de afiliados en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, SEIU es el sindicato de más rápido crecimiento en América.

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